La decisión del gobierno colombiano de incrementar el salario mínimo en un 23 % para el año 2026 encendió las alarmas de Fitch Ratings, que publicó hoy un análisis al respecto.
Según la calificadora, este ajuste no solo intensificará los desafíos fiscales, sino que generará una presión inflacionaria significativa, lo que obligará al Banco de la República a elevar las tasas de interés de manera más contundente de lo previsto originalmente.
Aunque Fitch recoge los argumentos del presidente Gustavo Petro de que un salario mínimo mensual de $2 millones (US$530), sumando el subsidio de transporte, debería ayudar a las familias a costear bienes básicos y reducir la pobreza, la firma advierte que este incremento actuará como un catalizador de precios tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
Por un lado, elevará los costos de producción de las empresas y, por otro, aumentará los ingresos de individuos con una alta propensión al consumo, lo que desanclará aún más las expectativas de inflación.
Aunque la calificadora no presentó una proyección propia del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), retoma los indicadores del mercado de bonos locales, los cuales sugieren una variación del 6 % este año, ajustada al alza frente al promedio del 5 % que se estimaba en noviembre.
También destaca que la inflación en Colombia, que se situó en un 5,3 % en noviembre y para diciembre podría rondar el mismo valor según las proyecciones del mercado, ha permanecido por encima de la meta del 3 % del Banco de la República desde mediados de 2021.
En consecuencia, Fitch anticipa que las tasas de interés se elevarán «más lejos y más rápido».
Aunque inicialmente se proyectaba que el Banco de la República subiría las tasas al 10,25 % desde el 9,25 % actual, los mercados financieros ya están descontando incrementos que superan el 11 %.
Si bien el aumento salarial podría estimular el crecimiento económico, la firma señala que el endurecimiento de la política monetaria podría contrarrestar este efecto, poniendo en riesgo la previsión de expansión del PIB del 2,9 % para 2026.
Deterioro fiscal y medidas insuficientes
Fitch estima que el incremento salarial se extenderá profundamente a las arcas del Estado y tendrá un costo fiscal directo de $7 billones (0,35 % del PIB) debido al alza en los salarios públicos y la indexación de ciertas pensiones.
Este panorama se agrava por el aumento en los costos de endeudamiento del gobierno y la posible afectación a la creación de empleo formal, lo que reduciría la recaudación de impuestos sobre la nómina.
Dicha cifra fue revelada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a finales de diciembre durante una rueda de prensa en la cual se le preguntó por el efecto dado el tamaño de la nómina del sector público.
Además, la calificadora señaló que las medidas tributarias adoptadas por el presidente Petro mediante un decreto de emergencia económica —tras la falta de consenso en el Congreso para aprobar la reforma tributaria— se consideran insuficientes.
El propio Gobierno estima que estas medidas recaudarán unos $11 billones, una cifra que, según la firma, no alcanza a cubrir el déficit de financiación de $16 billones que ya existía antes del aumento salarial.
Así, en la práctica, Fitch anticipa que las nuevas presiones fiscales derivadas del salario mínimo anularán el impacto positivo de los nuevos impuestos, manteniendo la proyección del déficit del gobierno central en un elevado 7,5 % del PIB.
Incertidumbre política y el reto de la deuda
Finalmente, Fitch mencionó como factor de riesgo la incertidumbre política, dado que este año tendrán lugar las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, hecho que dificulta la implementación de una estrategia fiscal sólida.
También señaló que, debido a la fragmentación política, es probable que el próximo mandatario enfrente serias dificultades para negociar reformas en el Congreso, por lo que, incluso si se logra avanzar en una nueva reforma tributaria, se espera que su rendimiento sea menor al 1 % del PIB.
La agencia recordó que recientemente rebajó de la calificación del país a BB/Estable, una decisión que estuvo impulsada por los persistentes déficits fiscales
Además, la firma proyecta que la deuda general del gobierno alcanzará el 62,8 % del PIB en 2027, superando ampliamente la media de los países con calificación ‘BB’, y concluye que el país requerirá de esfuerzos significativos para lograr estabilizar su endeudamiento.
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